Martintxo Mantxo (Rebelión)
(Foto principal: Represión de bloqueo en Tariquía. Foto: Verdad con Tinta)
(INGLÉS) (PORTUGUÊS)
“La madre tierra no es pues un objeto ni una mercancía, es nuestra madre”
Luis Arce, Intervención en foro Reencuentro con la Pachamama, 23-04-2021
El actual gobierno de Luis Arce sigue obstinado en impulsar la explotación hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Obviamente, este hecho provocará la incertidumbre en quienes solo recuerden al actual presidente de Bolivia recitando aquél bello alegato en defensa de la Pachamama, la Madre Tierra. Pero como veremos, por desgracia, tampoco se trata de un caso aislado.
Los y las opositoras a la explotación hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, se despertaron este 29 de enero con una nueva amenaza de actividad petrolera con la incursión de camiones portadores de casetas prefabricadas para albergar operarios en la zona de San Telmo. Este bloque fue adjudicado a la petrolera brasileña Petrobras. Hoy, 6 de febrero, nos informan del inicio de la explotación en dicha reserva.
Pero hasta ahora, a diferencia de lo ocurrido en el bloque Astillero, las comunidades afectadas consiguieron frenar a las petroleras. Han sido años de marchas a la capital Tarija, y de campamentos y bloqueos indefinidos para impedir la entrada de la maquinaria. San Telmo se sitúa en el corazón de la Reserva de Tariquía. En este bloque ya se realizaron las exploraciones sísmicas correspondientes (2D y 3D) en 1998 y 2003.
El Comité Nacional de Defensa de la Reserva de Tariquía lleva meses movilizado previendo el inicio de la explotación. Ahora apuran las últimas opciones legales que les queda, en base a la vulneración de derechos colectivos tanto de las comunidades como de la ciudadanía de Tarija y Bolivia. En especial los derechos recojidos por la Constitución relativos a un medio ambiente sano que en este caso debe incluir la preservación de la Reserva Nacional de Tariquía. Porque además de gozar de esa protección, la Reserva de Tariquía es importante para la población por su riqueza ecológica. Pero en el caso del departamento y la ciudad de Tarija, por ser la zona que suministra de agua y también por ser una de las zonas de mayor producción agrícola.
Presentaron para ello una nueva Acción Popular el 31 de enero, con el objetivo de anular los contratos concedidos a Petrobras. Sin embargo estos fueron desestimados por la Sala Constitucional de Tarija. Sus vocales, los jueces Ernesto Mur y Heldy Calderón, adujeron que los derechos colectivos no son prioridad y que el ministerio de hidrocarburos ya realizó una consulta previa y un estudio de impacto medioambiental pertinentes, lo cual no es cierto. Los y las activistas proseguirán ahora el intento de Acción popular enviando la decisión a que sea revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Tampoco descartan el presentar una demanda en el ámbito internacional.
Estos días también ha salido a la luz el plan de YPFB de explotar los yacimientos hidrocarburíferos de la cuenca del Madre de Dios: 12 trillones de pies cúbicos (TCF) asociados de gas y 5 billones de barriles de petróleo. El anuncio lo hizo el propio presidente de YPFB, la empresa boliviana que gestiona la actividad hidrocarburífera en Bolivia, Armin Dorgathen. Según él, la decisión fue tomada tras «constatar que la Cuenca del Subandino Sur llegó a un cierto grado de madurez». Nuevamente, este anuncio es acogido por el aspecto económico, capitalista o extractivista, ya que equivale a 475.000 millones de dólares. La cuenca del Madre de Dios corresponde con la Amazonía boliviana, una zona ambientalmente muy sensible y biodiversa. Allá el pueblo Cavineño ya fue afectado por la exploración previa (más información al final del artículo, en apartado sobre YPF), pero el anuncio tampoco explica como se intentará prevenir más daños a este pueblo y esos ecosistemas. Lo obvian entre otras razones porque no hay fórmula.
En ninguna de las informaciones publicadas se encuentra mención al posible impacto ambiental, pese a tratarse de una vasta zona no explotada previamente y que coincide con delicados ecosistemas selváticos amazónicos. Una exploración previa realizada en 2008, tampoco incluía impactos ambientales («Evaluación del Sistema Petrolífero de la Cuenca de Madre de Dios de Bolivia«).
- Ver: «Particularidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía»
La demagogia de Luis Arce y el MAS
El discurso de Luis Arce, como anfitrión del foro Reencuentro con la Pachamama que reunió a distintos presidentes, se hizo viral por sus planteamientos de la Pachamama o Madre Tierra (como él también se refirió) y contra el capitalismo. Éste tuvo lugar en 23-04-2021, medio año después de ser nombrado presidente, en un momento convulso, después del gobierno impuesto de Jeanine Áñez, para él tras la victoria, de euforia y reafirmamiento; y todavía en periodo de pandemia.
En su momento fue inspirador y auguraba un futuro de armonía con el medio ambiente, pro lo menos en ese país. Sin embargo, a casi dos años después de éste, podemos entender ese discurso como un gran ejercicio de propaganda; como más lavado verde del mismo tipo al que nos tienen acostumbradas las grandes empresas, sobre todo con el fin de ocultar los objetivos reales que son extractivistas, destructivos del medio ambiente y las comunidades; lleno de retórica (cita a la la Pachamama y Madre Tierra hasta en 33 ocasiones) y como conclusión, un caso más de demagogia a la que nos tienen acostumbrados los políticos.
No debemos olvidar que si bien Luis Arce, fue elegido presidente en noviembre de 2020, antes había sido ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia en los gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales, entre 2006 y 2017 (11 años) y posteriormente hasta su deposición en noviembre de 2019, con lo que Arce también fue responsable desde ese ministerio de la promoción de muchos proyectos extractivistas. Estos fueron la base para que la economía boliviana se restituyera en cierta forma con el gobierno de Evo Morales.
En este evento también se presentaron dos importantes propuestas de ley, una para tipificar los derechos de la naturaleza y otra contra el ecocidio. Pero esto no significa mucho si tenemos en cuanta que ya en 2010 se promulgó en Bolivia la Ley de los Derechos de la Madre Naturaleza, y en el 2016 y en el 2017 una Ley sobre el Ecocidio que criminalizaba la destrucción de ecosistemas. Sin embargo no existen casos de la implementación de ninguna de ellas: resulta muy difícil, ya que que como ente, la Naturaleza es incapaz de presentar un caso y si no existe voluntad real desde las instituciones. En este caso el gobierno, pese a introcucirlas, se ha mostrado totalmente indiferente usándolas para desviar la atención en su interés extractivista.
En ese sentido se pronunciaron entonces distintas organizaciones sociales1 como como CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas), que denunció al gobierno de Evo Morales “abanderándose como defensor de la Pachamama y de los pueblos indígenas” mientras impulsaba industrias de petróleo, mineras, hidroeléctricas, deforestación para agrocombustibles y producción ganadera».
El significado de la Madre Tierra o Pachamama para Luis Arce queda de manifiesto con su declaración ante el anuncio de existencia de un gran yacimiento de gas en el campo Margarita en diciembre de 2020, el pozo Boicobo, el cual lo calificó como de “regalo de la Pachamama en esta Navidad”. Éste será operado por Repsol de Bolivia, British Shell, y Pan American Energy.
Decir también que como en este caso de Tariquía, las y los opositores son tildados por el gobierno del MAS de enemigos del socialismo y el plurinacionalismo, enemigos del interés colectivo, del interés nacional, de seguir otros intereses (políticos o partidistas), o en el caso de organizaciones indígenas, de querer dividir al movimiento indígena monopolizado por el MAS. La demagogia indigenista y ambientalista del MAS cumple ese objetivo de adjudicarse unos valores desde los que descalifican y deslegitiman a los y las genuinas defensores.
Mientras, pese a estos intentos de difamación, la defensa de Tariquía está amparada por la Constitución boliviana y su legislación, así como por la Internacional, como bien apuntan los activistas del Comité Nacional de Defensa de la Reserva de Tariquía.
(Ver «La defensa de Tariquía amparada por la legislación boliviana e Internacional» )
Igualmente, no podemos obviar el efecto que la extracción de este petróleo y gas tendrán en la emergencia climática. Debemos recordar que Bolivia y el gobierno de Evo Morales lideró en un inicio la demanda de algunos países del Sur por la justicia climática y ante el fracaso de las Conferencias por el Clima (COP) de las Naciones Unidas, más en concreto la de Copenhague de 2009. Así organizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, y una segunda en 2015. Esta devoción extractivista contradice claramente esos compromisos.
Extractivismo fosilista boliviano
Bolivia es el principal exportador de gas en América del Sur pese a ser el sexto país en reservas. El departamento de Tarija es el principal productor de gas de Bolivia con 5.563,37 millones de metros cúbicos. Junto con Santa Cruz (4.984,36 millones m3) casi cubre el total de la producción gasista boliviana ya que suman 10547,73 millones m del total de 12.946,12.
El gas es la principal exportación de Bolivia y recurso en el que se sostiene su economía, y por ello, fue fundamental en el gobierno de Evo Morales. Pese a sus planteamientos iniciales Morales también centró su política en el extractivismo, en el que además de los hidrocarburos debemos sumar la minería y la producción energética a partir de grandes infraestructuras. Evo Morales llegó al gobierno en 2006 como representante del movimiento indígena, siendo los pueblos de origen indígena mayoría en el país pero nunca en el poder, y tras el conflicto del gas (Guerra del Gas, 2005).
Tras la Guerra del Gas, Morales planteó la nacionalización de ese sector que se había privatizado en 1994. Lo hizo solo en parte, porque ninguna de las empresas fue expropiada o expulsada sino que renegociaron los contrato y las condiciones haciendo que estas fueran más favorables a Bolivia. La brasileña Petrobras continuó en el país mientras que la española Repsol vendió algunos activos al gobierno, pero también permaneciendo en el país: Repsol extrae gas en Caipipendi (Campo Margarita-Huacaya), Sábalo y San Alberto, también en Tarija; Patuju, Corohuaicho, La Peña-Tundy, Sauces y Río Grande en Santa Cruz; Mamoré y Paloma-Surubi en Cochabamba; y otras.
Caipipendi es uno de los mayores bloques de gas del mundo con una producción diaria de 14 millones de m3 (2013) destinado principalmente a suministrar a Argentina. Su contrato fue extendido en 2016 hasta 2046. La producción del pozo Margarita 7 (3 millones m3 por día de gas) también se destinada a la exportación. En el campo Margarita también opera desde 2019 los pozos Boicobo Sur X1 de 28.317 millones de m³ (1.800 barriles de gas condensado por día), y Boyuy X-2, el más profundo de Sudamérica con 7.862 metros.
Repsol ha provocado serios impactos con su explotación de gas en Campo Margarita, también en Tarija, que han revertido en el pueblo guaraní Itika Guasu. Estos impactos se deberían de tener en cuenta ahora que se plantea un nuevo proyecto extractivo en este departamento. Entre los impactos se incluyen pérdida de biodiversidad (fauna, vegetación), deforestación; Contaminación acústica, hídrica (acuíferos, ríos) y del suelo. A su vez, dichos impactos han afectado a la salud e las comunidades. También ha provocadoimpactos a nivel social con la aparición de problemas como alcoholismo, aumento de la violencia y la delincuencia, pérdida de cultura tradicional, desplazamientos; machismo, violencia de género y prostitución; y pérdida de medios de subsistencia.
También se deberían tener en cuenta incidentes de graves consecuencias como las ruptura de oleoductos y derrames desde infraestructuras como la acaecida en Chuquisaca en 2017 que afectó a tres comunidades (en este caso también por Repsol).
Petrobras también opera en Tarijia desde 2001, donde extrae gas en la planta de San Alberto, desde donde lo exporta a Brasil a través del gasoducto Bolivia-Brasil, y los campos Sábalo, Itaú. También opera los Campos Colpa y Caranda en el departamento de Santa Cruz.
Ni nacionalización ni superación de la dependencia fosilista
Como decimos, la presunta nacionalización que se adjudicaba el gobierno de EvoMorales nunca fue tal. Según el licenciado Nelson Cila Santos actualmente tan sólo el 15% de los recursos hidrocarburíferos bolivianos están en manos nacionales, mientras que el 85% pertenece a empresas extranjeras. Destacan entre éstas Total, Repsol, Petrobras o la argentina PAE. En algunos yacimientos como el Margarita Huacaya o el Boyuy la participación nacional es nula. Así, deducimos que el entreguismo a las empresas extranjeras es similar al existente en el gobierno de Sánchez de Lozada y que provocó la Guerra del Gas, y por tanto, que aupó a Morales y al MAS al poder como alternativa.
Además, por lo que ha trascendido tras intentos de recabar datos sobre la actividad de la estatal YPFB, tanto ésta como otras estatales como Entel se han parapetado, registrándose como Sociedades Anónimas, con lo que se impide su fiscalización. Este hecho resta transparencia, capacidad de seguimiento popular y por tanto afecta a la democracia y la forma en la que se usan esos recursos y servicios, y el capital que generan.
Pero lo que tenemos es una fuerte dependencia económica de los hidrocraburos, como del extractivismo minero que eran la base de la economía histórica de Bolivia, que no se ha superado en estos 17 años sino que se ha acrecentado como lo confirman los nuevos intentos de explotación. (ver artículo «Bolivia: El corazón fracturado de la tierra» de OpSur)
Una evidencia de esa profundización extractivista es la decisión del gobierno de Morales de impulsar el fracking en el Chaco, coincidiendo con los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y principalmente, Tarija. Debemos tener en cuenta que el fracking es una técnica muy agresiva con multitud de impactos asociados, y todos demostrados y denunciados. Por ello ha sido rechazado y prohibido en muchos países. Este hecho también llama la atención, que en Bolivia el gobierno lo acepte, pero que además sea el MAS quien lo haga con esa retórica pachamamista. El acuerdo entre la estatal YPFB y la canadiense Cancabria fue anunciada en la misma Tarija en el encuentro “Inversiones Gas y Petróleo Tarija”, en el que el gobierno, con Evo Morales a la cabeza, reunió a las petroleras Shell, Repsol, Vintage y Petrobras (igualmente que este acuerdo confirma más extranjerización y menos nacionalización).
El Gobierno de Evo Morales también escaló sus políticas extractivistas modificando la legislación en 2015 permitiendo la exploración y explotación de petróleo y gas en toda el área subandina del país. Así expandió la frontera petrolera de 2,5 millones de hectáreas a 29 millones. La razón tras esta decisión fue la crisis por los precios del petróleo provocada por la introducción de petróleo de fracking y otros de 2014. Pero obviamente, detrás de todo ello está la dependencia de un rubro tan inestable como son los hidrocarburos.
Mediante el Decreto Supremo 2366 el gobierno autorizaba el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en San Telmo y Astilleros dentro de la zona protegida de Tariquía. Se trata de más de una docena de proyectos de extracción, entre ellos Domo Osso X1 y X2. Y esa modificación también permite ahora el avance en la Amazonía, en la cuenca del Madre de Dios.
Ese incremento de la explotación hidrocarburífera queda patente también en el aumento de pozos que ha tenido lugar desde que el MAS accedió al gobierno con Evo Morales: en el 2008 pasa a 11 pozos, cuando el año anterior eran 3, y con 2013 como punto álgido con 61 pozos nuevos instalados.
En esta decisión se imponía la urgencia económica y el carácter de interés público a aspectos que hasta entonces primaban y que lo habían llevado al poder en 2006, como el respeto al medio ambiente, el buscar soluciones a la emergencia climática o incluso los derechos de los pueblos indígenas. De igual forma, esta decisión contradecía la propia Constitución boliviana que, entre sus artículos contempla la protección de la Madre Tierra y la consulta previa.
Tariquía, una de las reservas afectadas por la nueva ley
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía fue creada en 1989 por decreto del gobierno de Víctor Paz Estensoro, para detener el avance de las empresas maderera. Pero ya se habían realizado perforaciones en los 80 y 90 y actualmente se superponen en el área protegida hasta cuatro áreas petroleras. Entonces, Morales realizó declaraciones planteando que las reservas forestales habían “sido creadas desde el imperio norteamericano”, el cual quiere territorios ‘intocables, intangibles’ en el tercer mundo para compensar sus propios crímenes contra el ambiente. Entonces (2015) expuso su real opción: ‘tenemos la obligación de explorar cuanto tenemos’.
En el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, como estimó el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), al menos el 55% de la superficie de la Reserva será afectada, lo que representa 136.277 hectáreas de las 247.435 hectáreas que comprenden la reserva natural. Ese 55% de la reserva ha sido concesionado a empresas petroleras extranjeras como Shell y Petrobras. En la misma Reserva de Tariquía ya se explota petróleo en el Centro Los Monos – Aguaragüe y en Astillero.
La exploración de los proyectos hidrocarburíferos en Tariquía se realizarán en San Telmo (Petrobras) y Astillero (YPFB), y afectarían las zonas de Campoblanco, Motoví, Chiyaguata y Cambarí. Las empresas responsables de la explotación no son otras que la estatal brasileña Petrobras (75%) y la estatal boliviana YPFB (25%), quienes firmaron un acuerdo de explotación conjunta en 2017. Pese a que intentaron iniciar la actividad, en 2019 el Gobierno decidió suspender su desarrollo por el bloqueo que protagonizaron los comunitarios.
Desde un inicio las comunidades que habitan Tariquía se han opuesto por el conocimiento de impactos existentes en otras zonas de extracción. En 2016 ya se produjo la primera marcha de comunarios contra la exploración en Tariquía. Del 24 a 27 de abril 2017 realizaron una marcha de 120 kilómetros y 3 días desde la Reserva a la capital del departamento, Tarija, en contra de las petroleras. A fines de octubre de 2018, las comunidades de la zona protagonizaron el primer bloqueo de caminos para impedir que la empresa realice los últimos estudios que le permitirían obtener la Licencia Ambiental.
Desde el 7 de febrero de 2019, las comunidades protagonizaron un bloqueo que logró frenar el ingreso de Petrobras y la Policía. Sin embargo, de manera inesperada, el 26 de febrero, haciendo uso de engaños, la empresa ingresó al territorio custodiada por la Policía. Tras el retiro provisional de Petrobras (1 de marzo), las comunidades de Chiquiacá conformaron el comité de defensa que ha permanecido en vigilancia permanente para evitar la ocupación petrolera. Ese día se instauró el bloqueo en el puente Vallecito Los Lapacho para evitar el ingreso a de Petrobras . En agosto de 2022 la comunidad de Puesto Rueda también impulsó un nuevo bloqueo.
Por encima de comunidades y pueblos indígenas
Igualmente, pese a su procedencia y sus planteamientos iniciales, Evo Morales impuso a lo largo de su mandato los proyectos extractivistas vulnerando los derechos indígenas hasta en 77 casos, entre ellos el derecho al consentimiento previo, y sobre todo en el ámbito de los hidrocarburos. Esto también fue corroborado en el informe mundial 2022 de Human Rights Watch (HRW). Esos son los casos sangrantes del proyecto de carretera a través de Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que como en el caso que nos ocupa (Tariquía) se trata también de un Parque Nacional. En él no sólo impuso el proyecto a las comunidades indígenas sino que éstas fueron reprimidas duramente. Otro caso de proyectos que afectaron a pueblos indígenas fueron el hidroeléctrico El Chepete-El Bala o el de conectividad eléctrica El Sillar, o la Hidrovía Ichilo Mamoré.
Así, en diciembre de 2018 se celebró en la misma reserva de Tariquía, en la comunidad de pampa Grande, un Congreso Nacional de Integración en Defensa de Territorios y Áreas Protegidas, que reunió a activistas y representantes de todas esas luchas. Como resultado se configuraron en Coordinadora Nacional (CONTIOCAP) exigiendo al «gobierno nacional la anulación definitiva de todos los proyectos y megaproyectos extractivistas al interior de las áreas protegidas y territorios indígenas».
- Ver ENTREVISTA con Ruth Alipaz (CONTIOCAP)
De esos 77 casos de atropello de los pueblos indígenas tenemos muchos relativos al sector hidrocarburífero, porque el cambio de legislación de 2015 supuso pasar por encima de las protecciones ambientales, pero también por encima de las comunidades que en ellas habitaban. Así el Gobierno del MAS impulsó una guerra contra cualquier comunidad que se oponía a su proyecto.
Entre las violaciones recogidas tenemos: adjudicación del bloque Liquimuni a YPFB en la zona intangible del pueblo indígena en aislamiento voluntario Toromona (2008), exploración en el bloque Liquimuni en territorio del pueblo Mosetene-OPIM (2009), exploración sísmica de 2009 a 2012 que afectó a pueblos amazónicos, exploración del Bloque Liquimuni-Sector Sararia en territorio indígena en 2012, restricción de circulación de indígenas por Petrobras en campo San Antonio en 2009, operaciones de Britsh Gas en territorio Weenhayek (2008–2015), operaciones petroleras en bloque Margarita-Caipipendi afectando al pueblo Ava Guaraní (2009–2013), consulta deficiente en la perforación del pozo Incahuasi II (2012), explotación de Bloque Caipipendi-Campo Margarita por Repsol en territorio Itika Guasu (2005–2010), exploración y explotación por Petroandina y China Eastern Petroleum & Gas S.A. sin consulta previa a indígenas Guaraní Tucainti de la Serranía de Aguaragüe y Sanandita (2010–2012), impactos de exploración sin consulta YPFB-Petroandina a Guaranís de Timboy (2013), rechazo por pueblo guaraní de la exploración en el Bloque San Antonio y a la consulta viciada con bloqueos en el Chaco (2013), impactos en comunidades por desvío y alteraciones del río Parapeti por Total (2014), destrucción de sitio sagrado guaraní por la misma petrolera en Caraparicito (2015), vulneración de consulta de YPFB y represión policial en territorion Takovo Mora (2015), proyecto de fracking en territorio guaraní de YPFB (2011-2013), exploración en la Cuenca Madre de Dios de YPFB (2015), explotación en territorio de indígenas no contactados por BGP que provoca el contacto (2016), amenaza a pueblo Ayoreos no contactados por exploración (2016-2017), explotación de bloque Azero por Total y GP en área protegida Iñao (2013–2016) y otros.
Y los más recientes que ya tratamos del pueblo Cavineño, una de las 36 etnias reconocidas por la Constitución Política del Estado boliviano, afectado por la exploración de BGP en 2017. Este pueblo se verá de nuevo afectado con los planes recientes del gobierno de Arce de explotar también la Amazonía boliviana.
Esta política extractivista responsable de la violación de derechos de la naturaleza y de violaciones de los derechos indígenas fue denunciada en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza de en Santiago de Chile de 2019, el cual demandó una sanción contra el gobierno del MAS.
Una piedra angular de la política del MAS y Evo Morales fue la Plurinacionalidad, basada en la diversidad étnica del país y como reconocimiento de todas las culturas y naciones. Sin embargo, esta parece también haber fallado dentro de sus políticas reduciéndose sobre todo a la andina y relegando a la casi totalidad de las 36 nacionalidades oficiales.
Según la abogada medioambientalista Paola Cortez de 1991 a 2018 no se había hecho en Bolivia ninguna consulta a pueblos indígenas con respecto a actividades hidrocarburíferas3. Ese es el caso también en estos proyectos de Tariquía en los que las comunidades no han sido informadas ni por el gobierno ni por las petroleras. Solo la consulta previa permite el inicio según en artículo 115 de la ley 3058 previo a cualquier estudio de impacto ambiental, o contrato.
Todo esto continuó y se incrementó con los gobiernos de Jeanine Áñez (Unidos) y el actual de Luis Arce Catacora (MAS). En la campaña electoral del 2021 la exploración petrolera en Tariquía fue central, y quedó en evidencia que ambos partidos principales la impulsaban: tanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) como Unidos tuvieron responsabilidad subsidiaria en el proyecto.
El papel transcendental de las mujeres
La lucha por la defensa de Tariquí, en las comunidades y en Tarija, cuenta con un gran componente femenino. Hasta ahora, la historia de la lucha de las mujeres de Tariquía coincide con el de otras luchas socio-ambientales. La defensa no sólo contiene la clave territorial, sino que ha significado enfrentar una serie de violencias múltiples a las que las comunidades y las mujeres se enfrentan cuando deciden oponerse a los propósitos estales/capitalistas que quieren despojarles de sus medios de existencia.
En el caso de la represión estatal a sus activistas, nos encontramos con una ofensiva patriarcal paralela. El 14 de febrero de 2019, en conferencia de prensa, funcionarias del Ministerio de Hidrocarburos y, principalmente, Edith Condori, amenazaron a tres dirigentes de Tariquía acusándolos de violencia de género e intimidación amparándose en la Ley 348. Los hechos tuvieron lugar durante una visita realizada por las funcionarias para socializar los proyectos que beneficiarían a las comunidades que estén de acuerdo con la presencia de petroleras en la reserva. De hecho, dichos proyectos son una de las estrategias del gobierno identificadas para lograr división entre las comunidades. Las comunidades y las dirigentes acusados -entre ellas, dos mujeres y un hombre- negaron la acusación.
El colectivo informativo Página Siete enumera distintos tipos de violencia utilizada por el estado en mayor medida contra las mujeres que se oponen a los proyectos de hidrocarburos en Tariquía y que incluyen “intimidación, amedrentamiento, insulto, persecución, chantaje, hostilidad y soborno”.
Los protagonistas
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Petrobras, una transnacional brasileña.
Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) fue fundada en 1953 por el gobierno brasileño. Pero actualmente su propiedad se limita a la mitad, el 65 % (de ellos 10% del Banco de Desarrollo de Brasil y el Fundo Soberano de Brasil) siendo el resto privado. Es la 10ª mayor petrolera por capitalización bursátil del mundo1 y la 65ª empresa pública más grande del mundo, según Forbes Global 2000 (2020). Actualmente, según el Observatorio Social do Petroleo, Petrobras produce en territorio brasileño cerca del 80% de los combustibles que se consumen en el país.
En los últimos años, Petrobras, como otras empresas públicas brasileñas, ha sido objeto de intentos de privatización lo que no se ha consumado, pero sí en parte segmentos como la segunda mayor refinería del país y la filial de agrocombustibles, Petrobras Biocombustível.
Petrobras operó como una transnacionalización más tras la liberalización de los mercados de 1990, sobre todo en el área geográfica cercana, Latinoamérica, y la próxima cultural e histórica, África lusa. Esta extranjerización se incrementó a partir de 2008 con la crisis y con la irrupción de las llamadas economías emergentes o BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Para 2009 ya estaba presente en 26 países.
Pero el hallazgo de nuevos yacimientos en su territorio hizo que se centrará en este petróleo y fuera abandonando la actividad internacional. Pero no fue la única razón: en muchos países fue también expulsada o sus contratos no renovados, como en Ecuador. Pero incluso en el propio Brasil destaca sus prácticas poco éticas (Ver informe completo sobre Petrobras). De todos esos países en los que operó, Bolivia es de los pocos en los que continúa, por cercanía, porque se puede abastecer directamente. En este país también atesora denuncias y proyectos paralizados.
(Ver informe completo sobre Petrobras)
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YPFB
YPFB o Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (no confundir con la empresa argentina del mismo nombre, YPF) fue creada como empresa pública por el gobierno boliviano el 21 de diciembre de 1936. Desde 1985 se aplican en el país ajustes estructurales que tienen como objetivo el pagar su deuda externa a través de la venta del patrimonio público. En 1996 el gobierno desmembrada YPFB para venderla fragmentada a precio irrisorio al capital extranjero, siendo dividida entre las empresas Andina, Chaco, Petrobras y Transredes (de la quebrada Enron).
Esta venta del patrimonio nacional se unió al descubrimiento de nuevos yacimientos de gas, el segundo mayor de Sudamérica, precisamente en Tarija, y la decisión del gobierno de exportarlo. Esta decisión chocó con la realidad de desabastecimiento local y el deseo popular de hacer uso de ese gas. A aquellas demandas se les une la de la creación de una Asamblea Constituyente. Todo ello provocó en un descontento popular que desembocó en la conocida como Guerra del Gas de 2003. La protesta fue duramente reprimida con un saldo de más de 70 muertos. Las protestas consiguen el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada. Carlos Mesa lo sustituyó como presidente en 2004. Según se había establecido, convocó un referéndum sobre la propiedad de los hidrocarburos, que incluía la eliminación de la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada, y la refundación de YPFB. El resultado ratificó estas demandas por mayoría aplastante. Como resultado se introduce una nueva Ley de Hidrocarburos que gravó la producción de hidrocarburos con 32% de impuestos, pero manteniendo las regalías en 18%. Pero Carlos Mesa se negó a ratificar esa Ley. Entonces los movimientos sociales se echaron a las calles de nuevo y exigieron la nacionalización total de los hidrocarburos. Mesa también se vio obligado a dimitir.
En las siguientes elecciones Evo Morales Ayma se presenta como representante de la mayoría indígena y de esos planteamientos anti-entregristas. Así es como ejecuta de nuevo la nacionalización de la industria gasista en 2006, que no es otra que la compra a sus dueñas de las partes de YPFB nacionalizadas y su refundación como empresa. En este proceso aplican beneficios más altos para el Estado boliviano, 82% de regalías en su favor.
Desde entonces YPFB se ha convertido en agente clave de la exploración y explotación de petróleo y gas en Bolivia, tramitándolos y participando en numerosos de ellos proyectos, y compartiendo, por tanto, responsabilidades de índole ambiental y social con el resto de empresas extranjeras. El Programa de Inversiones de YPFB para 2010 incluia 105.
Además de explorar Astillero, también exploró y participará ahora en un 25% en la explotación de San Telmo. Estos días también ha salido a la luz el plan de YPFB de explotar los yacimientos hidrocarburíferos de la cuenca del Madre de Dios: 12 trillones de pies cúbicos (TCF) asociados de gas y 5 billones de barriles de petróleo. El anuncio lo hizo el propio presidente de YPFB Armin Dorgathen, según él, tras «constatar que la Cuenca del Subandino Sur llegó a un cierto grado de madurez». Nuevamente, este anuncio es acogido por el aspecto económico, capitalista o extractivista, ya que equivale a 475.000 millones de dólares.
En ninguna de las informaciones publicadas se encuentra mención al posible impacto ambiental, pese a tratarse de una vasta zona no explotada previamente y que coincide con delicados y diversos ecosistemas selváticos amazónicos. Una exploración previa releazida en 2008, tampoco incluía impactos ambientales («Evaluación del Sistema Petrolifero de la Cuenca de Madre de Dios de Bolivia«).
Esta zona fue una de las que se incluyeron en la ampliacion de la frontera hidrocarburífera del 2015. De hecho la Amazonía boliviana fue la zona más afectada (72%). En 2017 se iniciaron las exploraciones que no desembocaron en la exploración como tal, hasta ahora. Ya entonces, el ministro de Hidrocarburos de Evo Morales, Luis Alberto Sánchez, la consideraba como futuro de los hidrocarburos de Bolivia. Un nuevo ejemplo de la vocación extractivista de ese y el actual gobierno.
El río Madre de Dios es afluente del Beni, y a su vez del Madeira, y éste del Amazonas. Nace en Perú, pero sobre todo transcurre por territorio boliviano donde lo atraviesa en su extremo más norte, por el departamento de Pando, y también los de Beni y La Paz. El río Madre de Dios ya está contaminado por la actividad aurífera en Perú y también en Bolivia, pero sin duda esta nueva explotación añadirá aún mucho más. Además todo ello sigue su curso contaminando el resto de ríos y últimamente el Amazonas.
En esa zona vive el pueblo Cavineño que ya fue afectado por la exploración realizada por la compañía china BGP. Esta exploración incluyó más de 2000 kilómetros de líneas sísmicas 2D. Las explosiones correspondientes a la prospección sísmica afectaron los acuíferos subterráneos, así como la laguna El Tapau. Esto a su vez provocó mortandad de peces y por tanto recursos alimentarios.También supuso tala de selva, lo que unido al ruido de motosierras, taladros de perforación, y helicópteros ahuyentó los animales, afectando el aprovisionamiento de proteinas de 14 comunidades. Tambiénse ha reducido otra base de alimentación y remuneración para este pueblo como es la castaña. También denuncian afectaciones por creación de caminos y carreteras, y compactación de terreno.
La Organización de Mujeres Indígenas del Norte de la Amazonía Boliviana (OMINAB), asiste a las comunidades para gestionar los impactos y sus respuestas y acciones. Este caso fue bien recogido por un artículo de Mongabay Latam.
- https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/hidrocarburos-mineria/hidrocarburo-cuadros-estadisticos/
- https://lostiempos.com/actualidad/pais/20220123/extractivismo-gestion-morales-hubo-77-vulneraciones-derechos-indigenas
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https://elpais.bo/tarija/20210420_tariquia-unidos-y-mas-el-empate-tecnico-al-margen-del-proyecto-petrolero.html
NOTAS
1CEDIB (Centro de Documentación e Información de Bolivia), CSUTB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), Colectivo Árbol de Santa Cruz, Bartolina Sisa, CSCIOB, CONAMAQ, CSMCIB, CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas)
2 www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/hidrocarburos-mineria/hidrocarburo-cuadros-estadisticos/
3Paola Cortez, conferencia “Medio ambiente y legislación petrolera en Bolivia”, Cátedra Libre Marcelo Quiroga, UMSA, Paraninfo Universitario, 17 de mayo 2018.
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